El 14 de agosto de 2026, el Consejo Constitucional de Francia —la instancia jurídica más alta del país— anuló el artículo central de la ley que iba a prohibir el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años. Emmanuel Macron ha encargado ahora a su primer ministro, Sébastien Lecornu, una redacción "jurídicamente sólida" antes de la primavera de 2027.
Se ha leído esta noticia en dos direcciones opuestas. Para unos, prueba que prohibir es un despropósito. Para otros, un tropiezo de trámite que no cambia nada. En Papitek no compartimos ninguna de las dos lecturas.
Creemos que sí hace falta regular el acceso de los menores a las redes sociales —muy en particular a Instagram y TikTok, las dos plataformas donde se concentra la mayor parte de la evidencia sobre diseño adictivo y daño a la salud mental adolescente. Lo que Francia acaba de demostrar no es que regular esté mal, sino que hay una manera de hacerlo que no sobrevive ni dos meses en un tribunal. Y España, que tiene su propia ley en tramitación, está a tiempo de no repetir esos errores.
Sí a regular, no a mirar para otro lado
Empecemos por dejarlo claro: la premisa de "esperemos a ver qué pasa" no nos convence. El diseño de estas plataformas —scroll infinito, notificaciones variables, amplificación algorítmica de lo que más engancha— no es un efecto secundario accidental, es la base de su modelo de negocio. Un adolescente no compite en igualdad de condiciones contra un producto diseñado por equipos enteros de ingenieros para maximizar el tiempo de uso. Ahí sí hace falta que alguien ponga un límite, porque la familia sola no puede compensar ese desequilibrio de fuerzas.
Dicho esto, la pregunta interesante nunca ha sido "¿regular sí o no?", sino qué se regula exactamente.
El problema no es el menor, es el diseño
La solución que de verdad ataca la raíz del problema no es decidir a qué edad un menor puede entrar en Instagram, sino obligar a Instagram y a TikTok a dejar de utilizar las técnicas que hacen que cualquiera —no solo un adolescente— tenga dificultades para soltar el móvil. Rediseñar el scroll infinito, limitar la amplificación algorítmica de contenido diseñado para generar dependencia, eliminar mecánicas de recompensa variable calcadas de una máquina tragaperras: eso resolvería el problema en la fuente, para todas las edades, sin necesidad de decidir un corte etario arbitrario.
Curiosamente, el propio proyecto de ley español apunta en esa dirección: exige que las plataformas demuestren ante la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que no usan diseños adictivos y que protegen la privacidad antes de poder operar con menores en España. Esa es la parte buena de la idea. El problema es que, hoy por hoy, ese rediseño depende de que las plataformas quieran hacerlo o de que un regulador consiga demostrarlo caso por caso, un proceso lento frente a una generación que está creciendo con estas apps ahora mismo, no dentro de cinco años.
Mientras tanto, no valen parches
Y aquí está el matiz que más nos importa: la situación no admite soluciones a medio gas. Un régimen sancionador que multa a la plataforma cuando se demuestra el daño —meses o años después de que haya ocurrido— no protege a nadie en el momento en que hace falta. Para una empresa con la facturación de Meta o ByteDance, una multa es un coste operativo, no un incentivo real para cambiar el producto. Mientras se litiga, se reglamenta y se demuestra el incumplimiento, generaciones enteras de adolescentes siguen expuestas al mismo diseño.
Por eso una restricción de acceso —imperfecta, sí— tiene sentido como medida puente mientras se fuerza el rediseño real: es lo único que se puede desplegar ya, no dentro de tres años de expedientes. Pero precisamente porque es una medida de urgencia, no se puede permitir el lujo de estar mal diseñada. Y ahí es exactamente donde tropezó Francia.
Si vas a restringir, hazlo sin pisar derechos básicos
El Consejo Constitucional francés no dijo "prohibir está mal". Dijo, en esencia, que esta prohibición concreta pisaba derechos básicos por tres vías:
Desproporción. Un corte total, sin gradación ni excepciones, para restringir la libertad de expresión y comunicación de un menor.
Alcance excesivo. La ley cubría cualquier red social, incluidas plataformas cuyo riesgo real ni siquiera estaba demostrado.
Privacidad insuficiente en la verificación de la edad. Los mecanismos previstos para comprobar la edad no ofrecían garantías claras sobre qué pasaba después con esos datos sensibles del menor.
Ese tercer punto es, para nosotros, el que más pesa. Si la urgencia nos obliga a legislar rápidamente con una restricción de acceso, la privacidad del menor no puede ser la variable que se sacrifica por la velocidad. Verificar la edad de un adolescente no puede significar crear una base de datos con su documento de identidad guardado en algún servidor de una red social. Eso no es proteger al menor, es cambiar un riesgo por otro.
Los errores que España todavía puede no cometer
La ley española, tal y como está redactada a día de hoy, comparte al menos dos de los tres tropiezos franceses. Se aplica a "cualquier red social" sin distinguir dónde hay evidencia real de daño (el mismo error de alcance excesivo). Y no especifica todavía ningún mecanismo concreto de verificación de edad —lo remite a un futuro reglamento— justo la pieza que hundió la ley francesa por motivos de privacidad.
Sí mejora a Francia en un punto: para el tramo de 13 a 16 años, el acceso exige tanto autorización de la CNMC como consentimiento expreso de los padres, un margen de decisión familiar que Francia no contemplaba en ningún caso. Pero ese margen desaparece para los menores de 13, donde el diseño vuelve a ser el mismo corte sin excepciones que un tribunal ya ha tumbado en otro país.
Si España quiere que su ley sirva de verdad como puente de urgencia —y no como un parche que un tribunal reescriba dentro de un año—, tiene que resolver ya, no en un reglamento futuro, cómo se verifica la edad sin comprometer datos sensibles; graduar la restricción según evidencia real de daño, no por categoría entera; y exigir, con la misma insistencia con la que exige la restricción de acceso, el calendario y las métricas del rediseño de las plataformas que se supone que es el objetivo final.
Prohibir sin rediseñar es aplazar el problema. Rediseñar sin proteger mientras tanto a los que ya están dentro es dejarlos indefensos hasta que llegue ese día. España no tiene por qué elegir mal las dos veces.